La búsqueda de desaparecidos, la evaluación de los programas sociales, la
producción agrícola y la administración de cárceles federales, no serán los únicos rubros afectados con el decreto federal que ordena un recorte presupuestal de 75 por ciento al gasto operativo de sus dependencias en lo que resta del año.


Cada entidad en México tendrá sus propias afectaciones, la más generalizada será la del ramo turístico, pues con el llamado “Mega-Recorte Federal”, el fomento y promoción de la inversión en este rubro tendrán graves complicaciones.

Con el citado mandato del presidente López Obrador, en Tamaulipas habrá efectos negativos, pues el decreto afectará casi 60 actividades de casi todos los ramos del gobierno federal, sin contar a empresas paraestatales y entidades no sectorizadas.


En lo que respecta al ramo turístico, generará un deterioro en el fomento y
promoción de la inversión, justo cuando el sector en Tamaulipas más lo necesita, luego de haber parado durante dos meses por la emergencia sanitaria.


También serán afectados a nivel local los rubros de: protección de los derechos humanos y de las garantías individuales de niños, niñas y adolescentes; la regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria; la supervisión de construcción de carreteras; la atención de emergencias y desastres naturales; la educación y cultura; la inspección y vigilancia medioambiental; entre otros.

De igual forma las instituciones nacionales de investigación, serán vulneradas, el decreto obliga a recortar las operaciones de áreas importantes, como la biblioteca, las publicaciones y otras actividades de investigación y divulgación.


El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó un ajuste presupuestal para enfrentar la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, aplicable a todo el Poder Ejecutivo, incluyendo organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas paraestatales y fideicomisos públicos, salvo la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Cabe recordar que, mediante un oficio, el pasado 22 de mayo la Secretaría de Hacienda ordenó a todos los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas cumplir de inmediato con el decreto presidencial de recortar 75% de su gasto operativo para lo que resta del año.


Una reducción de 75 por ciento en el gasto operativo durante dicho periodo, implica que van a estar en operación mínima, además que varios programas y actividades que no habían ejercido más de la mitad de sus recursos quedarán inoperantes.


En lo que concierne al ramo de educación, el recorte presupuestal pondrá en jaque a los sistemas de información, de gestión educativa, así como la producción y distribución de libros y materiales educativos.

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